De las ayudas por desempleo a los cajeros automáticos: condenan a dominicana por participar en fraude millonario en EE. UU.
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REDACCION KLKNEWYORK.COM
WASHINGTON, D. C. — Una ciudadana dominicana de 45 años fue condenada a 27 meses de prisión federal por participar en una operación fraudulenta que utilizó identidades robadas para obtener más de un millón de dólares en beneficios por desempleo durante la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos.
La sentenciada, identificada como Karin L. Contreras, residente permanente legal en territorio estadounidense, formaba parte de una organización que presentó solicitudes fraudulentas de asistencia económica entre junio de 2020 y marzo de 2021, según informó la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia el viernes 6 de noviembre de 2026.
Las autoridades establecieron que los participantes utilizaron información personal de terceros para conseguir tarjetas prepagadas cargadas con fondos gubernamentales, que posteriormente eran retirados en efectivo mediante cajeros automáticos.
Así operaba la red: identidades robadas, tarjetas prepagadas y retiros de efectivo
De acuerdo con los documentos judiciales, el esquema comenzaba con la utilización de nombres y datos personales robados para presentar solicitudes de beneficios por desempleo a nombre de personas que no habían autorizado esas gestiones.
Una vez aprobadas las solicitudes fraudulentas, los responsables recibían tarjetas bancarias prepagadas en las que se depositaban los fondos correspondientes a los programas de asistencia económica.
La mayoría de las tarjetas era enviada a una dirección de Washington, D. C., ubicada inmediatamente al lado de la residencia de Contreras, lo que permitió concentrar la recepción de los instrumentos utilizados para retirar el dinero.
Posteriormente, los participantes acudían a cajeros automáticos para convertir los beneficios depositados en efectivo.
Según la Fiscalía, los retiros se realizaban frecuentemente en cantidades de US$1,000 por transacción diaria, aprovechando el límite máximo permitido por las tarjetas.
La investigación identificó que, entre el 1 y el 14 de julio de 2020, Contreras utilizó personalmente 12 tarjetas obtenidas de manera fraudulenta para retirar US$23,000 en distintos cajeros automáticos de Washington, D. C.
Las autoridades también divulgaron imágenes de vigilancia que muestran a la dominicana realizando retiros de dinero durante el período investigado.
Más de un millón de dólares en beneficios fraudulentos
Los investigadores determinaron que las solicitudes presentadas por la organización generaron tarjetas prepagadas con beneficios que, en conjunto, superaban el millón de dólares.
Sin embargo, el Departamento de Justicia precisó que los integrantes del esquema lograron obtener efectivamente más de US$550,000 mediante los retiros realizados.
Esta distinción resulta importante porque el monto superior al millón de dólares corresponde al total de beneficios cargados en las tarjetas fraudulentas, mientras que la cantidad retirada por la organización fue menor.
La participación individual documentada de Contreras incluyó retiros por US$23,000 durante un período de dos semanas, aunque su responsabilidad penal también estuvo vinculada a la conspiración en la que participó.
Sentenciada a prisión y obligada a devolver más de US$551,000
Contreras se declaró culpable el 10 de julio de 2026 del delito de conspiración para cometer fraude electrónico ante la jueza federal Beryl A. Howell.
Durante la audiencia de sentencia celebrada el 6 de noviembre, la magistrada le impuso 27 meses de prisión, seguidos de dos años de libertad supervisada.
Además, ordenó el pago de US$551,674.78 en restitución por los fondos obtenidos fraudulentamente.
Los fiscales federales habían solicitado una condena de 41 meses de prisión, pero el tribunal determinó imponer una pena menor.
Fiscalía advierte sobre el desvío de fondos destinados a familias necesitadas
La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, sostuvo que la conducta de Contreras afectó programas creados para auxiliar económicamente a personas que enfrentaban dificultades durante la emergencia sanitaria.
La funcionaria señaló que los fraudes cometidos durante situaciones de emergencia desvían recursos destinados a familias necesitadas y afectan la confianza pública en los programas de asistencia gubernamental.
Los beneficios por desempleo adquirieron especial importancia durante la pandemia, cuando millones de trabajadores estadounidenses perdieron sus empleos o experimentaron reducciones de ingresos como consecuencia de las restricciones económicas y sanitarias.
Investigación del FBI y del Departamento de Trabajo
El caso fue investigado por la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Washington y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
La acusación estuvo a cargo de la fiscal federal adjunta Kondi Kleinman, de la Sección de Fraude, Corrupción Pública y Derechos Civiles, junto con John Kosmidis, abogado litigante de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia.
La sentencia forma parte de las acciones federales dirigidas a perseguir el uso fraudulento de fondos públicos destinados a programas de asistencia económica.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos, Fiscalía Federal del Distrito de Columbia. Comunicado oficial del 6 de noviembre de 2026.
