REDACCION KLKNEWYORK.COM
La presidenta de Proyecto Dignidad cuestionó la iniciativa y pidió un proceso informado sobre el estatus, mientras reclamó atención a los problemas de energía y costo de vida.
Puerto Rico.— La presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez Martínez, criticó la resolución firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón para reclamar la admisión de Puerto Rico como estado de Estados Unidos, al considerar que responde a una estrategia de “manipulación” política.
En un mensaje en video, Pérez sostuvo que resolver el estatus de la isla requiere un proceso serio y democrático, en el que se expliquen a los ciudadanos las consecuencias de cada alternativa antes de acudir a las urnas.
“El proceso de resolver el estatus de Puerto Rico es un proceso serio, democrático”, expresó la dirigente, quien reclamó que el pueblo pueda votar “con conocimiento y con conciencia de lo que significa”.
Puntualizó.
Sus declaraciones se refieren a la Resolución Conjunta 66-2026, firmada por la gobernadora el 16 de octubre, mediante la cual se solicita al presidente y al Congreso de Estados Unidos la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, en igualdad de condiciones con los demás estados.
Pérez calificó la actuación de Gonzalez como una iniciativa “para las gradas” y expresó escepticismo sobre la atención que recibiría en Washington. A su juicio, el Congreso no dará prioridad a la petición en medio del ambiente político previo a las elecciones de medio término de noviembre.
La presidenta de Proyecto Dignidad también cuestionó las prioridades de la administración. Señaló los problemas del sistema eléctrico, los altos costos de energía y el encarecimiento de la vida como asuntos que afectan a los residentes de la isla, especialmente a los adultos mayores.
Según Pérez, mientras esas dificultades persisten y se deteriora la calidad de vida, la gobernadora continúa utilizando el debate del estatus con fines políticos. “No se deje engañar”, manifestó al concluir su mensaje.
Por su parte, González ha defendido la resolución como una gestión para llevar ante las autoridades federales la voluntad favorable a la estadidad expresada en las consultas electorales. La mandataria sostiene que la iniciativa busca alcanzar igualdad de derechos y representación para los ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico.
La firma de la resolución no convierte a Puerto Rico en estado. La medida solicita al Congreso federal que apruebe legislación para su admisión.