Nueva York da hasta el 25 de noviembre a los condados para cancelar contratos de detención migratoria con ICE
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La gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James notificaron a los condados que deberán poner fin a los acuerdos que permiten utilizar cárceles locales para detener personas por infracciones migratorias civiles. La medida forma parte de una ley aprobada en mayo que limita la cooperación de las autoridades estatales y locales con las operaciones migratorias federales.
NUEVA YORK. — La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron el viernes 6 de noviembre que los gobiernos de los condados y las oficinas de los sheriffs tienen hasta el próximo 25 de noviembre de 2026 para terminar los contratos que permiten a las autoridades federales mantener detenidas a personas en cárceles locales por infracciones civiles de inmigración.
La notificación fue enviada por la Oficina de Apoyo a Inmigrantes (Office of Immigrant Trust, OIT), una dependencia de la Fiscalía General encargada de supervisar el cumplimiento de las nuevas disposiciones estatales relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.
Según el comunicado oficial, la medida responde a la Ley de Policías Locales y Delitos Locales (Local Cops, Local Crimes Act), firmada por Hochul el 27 de mayo de 2026, que prohíbe utilizar determinados recursos policiales y penitenciarios estatales y locales para ejecutar funciones federales de inmigración civil.
¿Qué deberán hacer los condados?
La legislación prohíbe que los gobiernos locales, las agencias policiales y los centros penitenciarios comprendidos en la norma establezcan, renueven, modifiquen, prorroguen o mantengan acuerdos destinados a alojar personas detenidas exclusivamente por infracciones civiles federales de inmigración.
Las autoridades que todavía mantengan esos contratos deberán activar los mecanismos correspondientes para terminarlos antes del 25 de noviembre.
A partir de esa fecha, los acuerdos prohibidos serán considerados nulos y no exigibles conforme a la legislación del estado de Nueva York.
En aquellos casos en los que un contrato incluya tanto la detención de personas por cargos penales federales como por asuntos migratorios civiles, las autoridades deberán eliminar únicamente las disposiciones que permitan las detenciones civiles prohibidas.
La Fiscalía también solicitó a los ejecutivos de los condados y a los sheriffs que informen sobre las acciones adoptadas para cumplir con la ley o que confirmen que no mantienen acuerdos de esa naturaleza.
Hochul y James defienden la medida
La fiscal general Letitia James sostuvo que las autoridades locales deben concentrar sus recursos en la seguridad de sus comunidades y no asumir las funciones que corresponden a las agencias federales de inmigración.
James indicó que su oficina está proporcionando orientación para garantizar que los gobiernos locales conozcan sus responsabilidades y cumplan con el plazo establecido.
Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul defendió la legislación y reiteró que las fuerzas del orden locales deben priorizar la protección de los residentes y la investigación de delitos.
La mandataria argumentó que permitir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilice cárceles locales para mantener detenidas a personas por infracciones migratorias civiles no contribuye, a su juicio, a mejorar la seguridad pública.
Antecedentes: Nueva York ya había ordenado terminar acuerdos 287(g)
La nueva notificación forma parte de una política estatal que comenzó a implementarse durante el verano de 2026.
El 24 de julio, la Fiscalía General y la gobernadora Hochul anunciaron que habían enviado comunicaciones a 12 agencias policiales locales que mantenían acuerdos conocidos como 287(g) con ICE.
Estos convenios permitían que determinados agentes o empleados locales colaboraran en funciones federales de aplicación de las leyes migratorias.
En aquella ocasión, las agencias recibieron como fecha límite el 25 de agosto de 2026 para terminar esos acuerdos.
La comunicación del 6 de noviembre aborda específicamente los contratos que permiten utilizar instalaciones locales para detenciones migratorias civiles, cuyo plazo de terminación vence el 25 de noviembre.
Sheriffs llevaron la ley ante un tribunal federal
La legislación también ha enfrentado oposición judicial.
Quince sheriffs de distintos condados de Nueva York presentaron una demanda cuestionando la constitucionalidad de las restricciones estatales a la cooperación migratoria con las autoridades federales.
Los demandantes argumentaron que las disposiciones vulneraban principios constitucionales relacionados con la supremacía de las leyes federales, los contratos y la autonomía de las autoridades.
Sin embargo, el 4 de noviembre de 2026, la jueza federal Mae A. D’Agostino, del Distrito Norte de Nueva York, rechazó una solicitud de orden judicial preliminar presentada por los sheriffs para impedir temporalmente la aplicación de las normas impugnadas.
La decisión permite que el estado continúe aplicando las disposiciones mientras prosigue el litigio, pero no constituye una sentencia definitiva sobre todos los argumentos constitucionales del caso.
¿Significa que ICE ya no podrá realizar detenciones en Nueva York?
No. La legislación no elimina la autoridad federal de ICE para ejecutar las leyes migratorias dentro de sus competencias.
La restricción se concentra en el uso de recursos y acuerdos de detención estatales y locales para la aplicación civil de las leyes federales de inmigración.
La norma tampoco impide que las autoridades locales proporcionen espacios de detención para personas con cargos penales federales pendientes, siempre que los acuerdos cumplan con las condiciones legales establecidas.
Además, permite obedecer órdenes de tribunales estatales o federales y órdenes judiciales de arresto.
Por lo tanto, la cancelación de estos contratos no significa que todas las personas actualmente bajo custodia migratoria serán liberadas automáticamente.
Fiscalía podrá investigar posibles incumplimientos
La Oficina de Apoyo a Inmigrantes está facultada para recibir denuncias, realizar investigaciones, emitir citaciones y presentar demandas civiles contra las entidades que incumplan las leyes estatales correspondientes.
Los residentes que consideren que una agencia estatal o local ha participado indebidamente en actividades federales de aplicación civil de las leyes migratorias pueden presentar una denuncia ante la Fiscalía General.
Asimismo, la institución dispone de un portal para recibir información sobre actuaciones de las autoridades federales de inmigración dentro de Nueva York.
Con la fecha límite del 25 de noviembre cada vez más cercana, la administración estatal busca garantizar que los condados completen la terminación de los contratos prohibidos, en medio de un debate judicial y político sobre los límites de la cooperación entre las autoridades locales y federales en materia migratoria.
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