Acusan a mujer de liderar millonaria red de matrimonios fraudulentos en EE. UU. y comprar propiedades en República Dominicana
KlkNewYork.com 
Jennifer Gonzalez, de 43 años, habría dirigido durante más de una década una organización que cobraba hasta US$40,000 por matrimonios fraudulentos. La investigación federal incluye grabaciones, un testigo colaborador y un pago de US$3,000 que permitió documentar parte de la operación.
BOSTON, MASSACHUSETTS. — Una mujer identificada como Jennifer Gonzalez, de 43 años, residente en Fall River, Massachusetts, fue acusada por las autoridades federales de Estados Unidos de encabezar una presunta organización dedicada a gestionar matrimonios fraudulentos entre ciudadanos estadounidenses e inmigrantes sin estatus migratorio legal, con el objetivo de obtener fraudulentamente beneficios migratorios.
El caso adquiere especial relevancia para la comunidad dominicana debido a que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la principal acusada habría utilizado parte de las ganancias del esquema para adquirir propiedades, negocios y otros bienes en República Dominicana, país al que se refería como «mi país» durante conversaciones grabadas por los investigadores.
El comunicado oficial, publicado este miércoles 21 de octubre de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts, informa que seis personas enfrentan cargos relacionados con la presunta organización, que habría operado durante aproximadamente 12 años.
Compraba propiedades y negocios en República Dominicana, según la Fiscalía
Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es el destino que presuntamente recibía parte del dinero generado por los matrimonios falsos.
De acuerdo con la declaración jurada presentada por el agente especial Christopher Womersley, de Homeland Security Investigations (HSI), Jennifer Gonzalez manifestó durante conversaciones grabadas que había adquirido propiedades y otros activos para ella y sus hijos en República Dominicana.
Los investigadores también sostienen que la acusada explicó que utilizaba los ingresos obtenidos de la presunta operación para realizar inversiones inmobiliarias y comerciales en territorio dominicano.
Sin embargo, los documentos publicados no permiten establecer el valor exacto de esas inversiones, la ubicación de los inmuebles ni cuáles empresas habrían sido adquiridas.
Tampoco se ha informado públicamente, en el comunicado consultado, de una confiscación de esas propiedades.
La Fiscalía sostiene que Gonzalez generaba cientos de miles de dólares anuales mediante el esquema, que habría funcionado durante más de una década.
Hasta US$40,000 por cada matrimonio fraudulento
Según las autoridades, Jennifer Gonzalez organizaba matrimonios entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros que buscaban conseguir fraudulentamente la residencia permanente u otros beneficios migratorios.
Los investigadores estiman que la organización coordinaba entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos por año, cobrando generalmente entre US$38,000 y US$40,000 por cada unión.
Los expedientes señalan que Gonzalez reclutaba a ciudadanos estadounidenses dispuestos a participar en los matrimonios a cambio de compensaciones económicas.
En algunos casos, los clientes también realizaban pagos mensuales de aproximadamente US$500 a la persona que figuraba como su cónyuge o a alguien cercano a ella.
La Fiscalía calcula que la presunta organización permitió a su principal responsable recibir ingresos de cientos de miles de dólares al año.
¿Cómo descubrieron e investigaron la presunta red?
La investigación federal revela que las autoridades tuvieron conocimiento de la presunta organización durante el verano de 2026.
A partir de entonces, agentes de Homeland Security Investigations (HSI), junto con otras instituciones federales, desarrollaron una investigación que incluyó la colaboración de un testigo, grabaciones de conversaciones, revisión de documentos y análisis de información financiera.
Uno de los elementos más importantes fue la participación de una persona identificada en los documentos judiciales como CW-1, es decir, un testigo colaborador.
Durante conversaciones registradas en audio y video, Jennifer Gonzalez presuntamente describió cómo funcionaba su negocio, cuánto cobraba a sus clientes y los pasos necesarios para conseguir que un matrimonio falso pareciera auténtico ante las autoridades migratorias.
De acuerdo con el expediente, la acusada explicó que sus clientes necesitaban preparar durante aproximadamente tres o cuatro meses documentos que respaldaran la apariencia de una relación matrimonial legítima.
Entre las pruebas mencionadas figuran fotografías de parejas, cuentas bancarias conjuntas, pólizas de seguros de vida y solicitudes migratorias.
Un pago de US$3,000 y un contrato que ocultaba el verdadero propósito
Uno de los episodios documentados por los investigadores incluye una grabación en la que Gonzalez presuntamente dirigió la preparación y firma de un contrato presentado como un préstamo.
Según la Fiscalía, el documento era utilizado para disimular la verdadera naturaleza del acuerdo económico relacionado con un matrimonio fraudulento.
Durante esa operación, la acusada habría recibido US$3,000 en efectivo como pago inicial.
Las autoridades señalan que Gonzalez explicó que el contrato evitaba mencionar al supuesto cónyuge porque hacerlo podría constituir evidencia incriminatoria.
Este episodio es presentado por los fiscales como parte de las pruebas que respaldan las acusaciones.
Las grabaciones también revelaron las inversiones en República Dominicana
La investigación no se limitó a documentar los presuntos matrimonios fraudulentos.
Durante las conversaciones grabadas, Gonzalez también habría hablado sobre las ganancias obtenidas y su decisión de invertir dinero en propiedades y negocios en República Dominicana.
En el expediente, los investigadores destacan que la acusada se refería reiteradamente al país caribeño como su nación.
Es importante aclarar que el documento no identifica claramente quién alertó inicialmente a las autoridades sobre el esquema. Aunque confirma la intervención de un testigo colaborador, no establece que esa persona haya sido quien originó la investigación.
También investigan más de US$120,000 en beneficios SNAP
El caso incluye otro componente relacionado con la utilización de programas de asistencia pública.
Según el Departamento de Justicia, varios de los acusados habrían presentado información falsa en solicitudes del programa SNAP, destinado a ayudar a familias de bajos ingresos con la compra de alimentos.
Las autoridades alegan que Jennifer Gonzalez gastó más de US$120,000 recibidos en beneficios SNAP mientras presuntamente dirigía la organización de matrimonios fraudulentos y compraba propiedades en República Dominicana.
La Fiscalía también señala que algunos participantes declararon no estar casados en solicitudes de asistencia pública mientras figuraban como cónyuges en trámites migratorios federales.
Este aspecto está incluido en la investigación y no debe confundirse con una condena judicial por fraude a beneficios públicos.
Seis personas acusadas en Massachusetts
La Fiscalía Federal identificó a los siguientes imputados:
- Jennifer Gonzalez, 43 años, residente en Fall River, señalada como presunta líder de la organización.
- Erica Daniels, 29 años, residente en Fall River.
- Cherice Alejandro, 39 años, residente en Fall River.
- Amara Pugh, 31 años, residente en Fall River.
- Jessica Tavares, 31 años, residente en Attleboro.
- Jaylin Hill, 26 años, residente en Fall River.
Según el Departamento de Justicia, cinco de los implicados fueron arrestados el 21 de octubre de 2026, mientras que Hill ya se encontraba cumpliendo una condena estatal por un delito relacionado con armas de fuego.
Los acusados enfrentan cargos federales de conspiración para albergar extranjeros sin estatus migratorio legal, albergar extranjeros, fraude matrimonial y conspiración para cometer fraude matrimonial.
Las penas que podrían enfrentar
De acuerdo con la Fiscalía, los delitos relacionados con albergar extranjeros sin estatus legal y conspirar para hacerlo contemplan penas máximas de 10 años de prisión, además de posibles multas de hasta US$250,000 y tres años de libertad supervisada.
Por su parte, los cargos de fraude matrimonial y conspiración para cometerlo podrían implicar penas máximas de cinco años de prisión, así como multas y libertad supervisada.
Las penas indicadas son los máximos legales correspondientes a los cargos y no significan que los acusados hayan sido condenados o que necesariamente recibirán esas sentencias.
Investigación continúa abierta
La investigación fue desarrollada con participación de Homeland Security Investigations, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y otras agencias federales, incluidas oficinas de inspectores generales vinculadas a programas de asistencia pública.
La fiscal federal Leah B. Foley anunció el caso junto con representantes de las autoridades migratorias.
El expediente judicial está identificado con el número 1:26-mj-08433-PGL, ante el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts.
Hasta la publicación del comunicado oficial del 21 de octubre, el Departamento de Justicia describía el caso como una investigación en curso.
Todas las acusaciones constituyen alegaciones de la Fiscalía. Los seis imputados conservan la presunción de inocencia hasta que su responsabilidad penal sea demostrada ante un tribunal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos, Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts. Comunicado del 21 de octubre de 2026 y declaración jurada del agente especial Christopher Womersley, de HSI.
https://www.justice.gov/usao-ma/pr/six-charged-large-scale-marriage-fraud-ring
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