Dominicano figura entre más de 40 acusados por fraude millonario a cupones de alimentos en Estados Unidos
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REDACCION KLKNEWYORK.COM
El Departamento de Justicia destapó una serie de presuntos fraudes por casi US$42 millones al programa SNAP. Un ciudadano dominicano está señalado por utilizar una identidad robada para obtener más de US$166 mil en ayudas públicas.
WASHINGTON, D. C., 21 de octubre de 2026. — Un ciudadano de República Dominicana figura entre más de 40 personas involucradas en una amplia ofensiva federal contra el fraude a programas de asistencia pública en Estados Unidos, anunciada este miércoles por el Departamento de Justicia (DOJ), en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
Las autoridades informaron que los casos investigados representan cerca de US$45 millones en pérdidas previstas o determinadas para el Gobierno federal, de los cuales aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntos fraudes al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos.
La operación, desarrollada entre el 1 de septiembre y el 21 de octubre de 2026, contó con la participación de la División Nacional de Cumplimiento contra el Fraude, 13 fiscalías federales y la Fiscalía General de Utah.
Entre los casos destacados aparece el de Rodolfo Armando Fernández Guzmán, identificado oficialmente como ciudadano dominicano, quien enfrenta una denuncia penal en Massachusetts por un presunto esquema de robo de identidad y obtención fraudulenta de beneficios gubernamentales.
Dominicano habría utilizado identidad robada para recibir ayudas públicas
Según los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, Fernández Guzmán presuntamente se apropió de la identidad de un ciudadano estadounidense para solicitar y recibir asistencia de distintos programas federales y estatales.
Los investigadores le atribuyen la obtención fraudulenta de:
- US$22,402 en beneficios SNAP para la compra de alimentos.
- US$98,481.25 en beneficios del programa de salud MassHealth.
- US$45,596 en asistencia de vivienda de la Sección 8.
En conjunto, los beneficios señalados ascienden a US$166,479.25.
La denuncia también sostiene que el acusado consiguió dos tarjetas de identificación estatales, un permiso de aprendizaje y tres licencias de conducir en Massachusetts y Arizona utilizando la identidad de la víctima.
Las autoridades federales alegan, además, que Fernández Guzmán fue condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y cumplió penas de prisión bajo el nombre de la persona cuya identidad habría utilizado.
El proceso se encuentra registrado en el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts bajo el expediente 1:26-mj-03349-JDH.
Estas acusaciones todavía deben ser examinadas judicialmente y no constituyen una declaración de culpabilidad en el caso federal actual.
Una investigación nacional con decenas de implicados
El caso del dominicano forma parte de una operación mucho más amplia que abarca diferentes estados y modalidades de fraude.
Según el Departamento de Justicia, los investigadores identificaron presuntas redes dedicadas al robo de información personal, uso ilegal de tarjetas electrónicas de beneficios, transacciones ficticias en establecimientos comerciales y obtención de dinero o mercancías mediante ayudas destinadas a familias de bajos ingresos.
La ofensiva incluye tanto acusados que enfrentan procesos judiciales como personas que ya se declararon culpables o recibieron sentencias por delitos relacionados.
Entre los expedientes más relevantes figuran los siguientes:
Presunto fraude de US$29.7 millones mediante comercios en Chicago
Los acusados Jorag Yaseen y Rami Kanaan enfrentan cargos federales en Ohio por un supuesto esquema que habría utilizado información robada de tarjetas EBT para realizar miles de transacciones fraudulentas.
De acuerdo con la acusación, ambos operaban establecimientos autorizados para aceptar beneficios SNAP en Chicago, Illinois.
Los fiscales sostienen que, entre febrero de 2024 y abril de 2025, se procesaron operaciones que aparentaban compras legítimas de alimentos, aunque los productos no habrían sido vendidos realmente.
El perjuicio estimado alcanza US$29.7 millones, la mayor cantidad individual señalada entre los casos destacados en el comunicado.
Los acusados enfrentan cargos relacionados con fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero.
Influenciador acusado de fraude por US$4.4 millones
En Georgia, el rapero e influenciador Mercedes New, conocido artísticamente como Shawty Dred, fue acusado por un gran jurado federal de delitos relacionados con fraude a cupones de alimentos, fraude postal y robo agravado de identidad.
Las autoridades sostienen que números telefónicos vinculados al acusado realizaron más de 9,000 llamadas a un sistema automatizado utilizado por beneficiarios SNAP.
La investigación identificó conexiones con más de 500 tarjetas EBT y estimó el fraude en US$4.4 millones.
New fue arrestado el 13 de octubre en Las Vegas, Nevada.
Red utilizaba beneficios robados para comprar leche infantil
En Oregón, una investigación federal reveló una conspiración interestatal relacionada con el robo de beneficios alimentarios para adquirir grandes cantidades de fórmula infantil y otros productos destinados posteriormente a la reventa.
El caso involucró a 17 acusados y afectó a miles de familias de bajos ingresos.
Ana Patricia Escalante, identificada como responsable de un grupo encargado del transporte de mercancías, fue sentenciada el 9 de septiembre a 27 meses de prisión y al pago de US$2.4 millones en restitución.
Según las autoridades, la operación movilizó más de 124,000 libras de fórmula infantil mediante instalaciones de almacenamiento y empresas de transporte.
Hasta el anuncio del DOJ, 12 acusados habían recibido sentencias en este expediente.
Más de 650 identidades utilizadas para solicitar ayudas
En Michigan, Kirk Deshaun Woodley y Chantel LaShawn Peavy estuvieron vinculados a un esquema de solicitudes fraudulentas de beneficios SNAP mediante información personal de más de 650 víctimas.
Los investigadores determinaron que se presentaron cientos de solicitudes utilizando nombres y datos de otras personas.
Woodley se declaró culpable en septiembre de conspiración para cometer fraude electrónico y robo agravado de identidad.
Peavy fue sentenciada el 20 de octubre a 18 meses de prisión por su participación en la conspiración.
El caso representa aproximadamente US$1.1 millones en pérdidas previstas.
Otros casos en Ohio, Michigan, Pensilvania y Utah
La investigación también incluye a Mohinder Singh, propietario de una tienda en Lansing, Michigan, acusado de intercambiar ilegalmente beneficios SNAP por dinero en efectivo y artículos no autorizados, en un esquema estimado en más de US$1 millón.
En Ohio, seis personas fueron acusadas de participar en operaciones que presuntamente intercambiaban beneficios alimentarios por efectivo, marihuana y otros productos no permitidos.
Entre los acusados se encuentran Sqar Qahtan, Baligh Naji, Ahmed Al Hamami, Mohsin Mohsin, Mariah Hatcher y Almotawakil Nassr.
En Pensilvania, Michael Swanson, Nicole Swanson, David Dziobczynski y Caitlyn Eusden Swanson enfrentan cargos relacionados con un presunto esquema de explotación de mujeres con discapacidades intelectuales para controlar sus beneficios de asistencia pública. El expediente incluye acusaciones adicionales de secuestro y otros delitos.
Mientras tanto, en Utah, las autoridades investigaron operaciones presuntamente irregulares con tarjetas EBT en un establecimiento comercial vinculado a Besmulla Yaqoobi.
Fraude también alcanzó programas de ayuda agrícola
Aunque el operativo se concentró principalmente en los cupones de alimentos, también incluyó investigaciones sobre otros programas administrados por el Departamento de Agricultura.
En Florida, Mark Frisbie se declaró culpable de presentar reclamaciones falsas relacionadas con seguros agrícolas.
De acuerdo con el DOJ, el acusado ocultó parte de su producción y ventas de pimientos y tomates para recibir indemnizaciones que no le correspondían.
El caso produjo pérdidas de aproximadamente US$3.2 millones en distintos programas de asistencia agrícola.
Frisbie aceptó pagar restituciones y tiene programada su audiencia de sentencia para enero de 2027.
Familias vulnerables, entre las principales afectadas
Las autoridades federales advirtieron que el fraude a los programas de asistencia alimentaria no solamente representa pérdidas económicas para el Gobierno, sino que también puede dejar sin recursos a familias que dependen de estas ayudas para comprar alimentos.
El Departamento de Justicia relató el caso de una madre cuya tarjeta EBT fue comprometida y que descubrió el robo de sus beneficios cuando intentó pagar sus compras en un supermercado.
Según el comunicado, la mujer tuvo que recurrir a préstamos para alimentar a sus hijos.
El programa SNAP está diseñado para ayudar a hogares de bajos ingresos a adquirir alimentos mediante tarjetas electrónicas que funcionan en establecimientos autorizados.
Los investigadores explicaron que algunos de los métodos detectados incluyen la instalación de dispositivos para copiar información de tarjetas, el robo de identidad y la utilización de comercios para procesar transacciones ficticias.
Gobierno federal anuncia continuidad de las investigaciones
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que el Gobierno continuará trabajando para identificar y procesar a quienes desvíen recursos de los programas de asistencia pública.
La operación contó con la colaboración de agencias como el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Servicio Secreto y distintas oficinas de inspectores generales.
Las autoridades consideran que la coordinación entre agencias federales y estatales permitirá detectar nuevas modalidades de fraude y proteger los fondos destinados a familias necesitadas.
Un caso de alcance nacional con participación de un ciudadano dominicano
La inclusión de Rodolfo Armando Fernández Guzmán entre los acusados destacados por el Departamento de Justicia coloca a un ciudadano dominicano dentro de una investigación federal de alcance nacional.
Sin embargo, los casi US$42 millones investigados por fraude al SNAP no se atribuyen individualmente al dominicano, sino al conjunto de casos anunciados por las autoridades.
En su expediente particular, el presunto fraude relacionado con SNAP asciende a US$22,402, mientras que la suma de los beneficios de alimentación, salud y vivienda señalados por los investigadores supera los US$166 mil.
El Departamento de Justicia recordó que las denuncias y acusaciones formales no constituyen pruebas definitivas de culpabilidad. Toda persona acusada conserva su presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario ante un tribunal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), comunicado oficial del 21 de octubre de 2026.
