REDACCION KLKNEWYORK-COM
La fiscal general Letitia James se unió a la Comisión Federal de Comercio y otros 12 estados para intentar bloquear una adquisición de 3,500 millones de dólares que, según las autoridades, podría encarecer los servicios veterinarios en Estados Unidos.
NUEVA YORK.— La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, anunció el viernes 13 de noviembre de 2026 una demanda para impedir que Covetrus, una de las mayores distribuidoras de medicamentos y suministros veterinarios de Estados Unidos, adquiera a su competidora MWI Veterinary Supply.
La acción judicial forma parte de una coalición integrada por la Comisión Federal de Comercio (FTC) y las fiscalías generales de otros 12 estados, que advierten sobre las posibles consecuencias de la operación para las clínicas veterinarias y los propietarios de mascotas.
Según las autoridades, la adquisición, valorada en aproximadamente 3,500 millones de dólares, podría reducir significativamente la competencia en el mercado de distribución de productos veterinarios, provocando aumentos en los precios de medicamentos, equipos y otros suministros utilizados para atender animales.
¿Por qué las autoridades quieren impedir la adquisición?
Covetrus y MWI se encuentran entre las tres mayores distribuidoras de suministros para clínicas veterinarias del país.
Ambas empresas abastecen a consultorios independientes y grandes cadenas de clínicas con medicamentos, vacunas, equipos médicos, materiales quirúrgicos y otros productos necesarios para la atención de mascotas.
Actualmente, las compañías compiten mediante precios, descuentos, incentivos y servicios de apoyo a los establecimientos veterinarios.
La Fiscalía sostiene que, si Covetrus adquiere MWI, la empresa resultante podría controlar más del 50 % de los mercados relevantes de distribución veterinaria a nivel nacional.
Esto, según la demanda, le permitiría ejercer mayor poder sobre los precios y reducir los incentivos para ofrecer descuentos y mejorar sus servicios.
¿Cómo podría afectar a los dueños de perros y gatos?
Aunque la operación comercial involucra directamente a distribuidoras y clínicas veterinarias, las autoridades advierten que sus consecuencias podrían llegar hasta los consumidores.
Cuando una clínica paga más por medicamentos, vacunas, materiales o equipos, parte de esos costos puede trasladarse a las facturas de los propietarios de mascotas.
Esto podría afectar los gastos relacionados con consultas, tratamientos, procedimientos médicos y otros servicios veterinarios.
Sin embargo, la Fiscalía no afirma que esos aumentos ya se hayan producido como consecuencia de la adquisición, pues la operación todavía no se ha completado.
Letitia James advierte sobre los costos veterinarios
La fiscal general señaló que los propietarios de mascotas ya enfrentan gastos elevados para garantizar la salud de sus animales.
James sostuvo que permitir que grandes compañías adquieran a sus principales competidores podría dificultar todavía más el acceso a servicios veterinarios asequibles.
La funcionaria aseguró que la demanda busca proteger la competencia y evitar que una sola empresa adquiera un poder excesivo sobre el mercado.
Grandes cadenas veterinarias también podrían verse afectadas
La Fiscalía explicó que algunas cadenas corporativas de clínicas veterinarias compran entre el 65 % y el 90 % de sus suministros a un solo distribuidor.
Debido al volumen de sus compras, estas organizaciones suelen negociar descuentos importantes.
Las autoridades consideran que la desaparición de uno de los principales competidores podría reducir su capacidad de negociación y permitir que la empresa resultante imponga condiciones menos favorables.
La demanda también advierte sobre una posible disminución en la calidad de los servicios de distribución y asistencia que reciben las clínicas.
Acuerdo temporal impide completar la operación antes del 4 de diciembre
Covetrus y MWI aceptaron una orden de restricción temporal que les impide completar la adquisición antes del 4 de diciembre de 2026.
Mientras tanto, la Fiscalía de Nueva York, la FTC y los demás estados participantes buscan obtener una orden judicial preliminar que mantenga suspendida la operación.
El objetivo final de la demanda es que un tribunal declare ilegal la adquisición e impida que se concrete.
Las autoridades argumentan que la operación podría infringir disposiciones de la Ley de la Comisión Federal de Comercio y la Ley Clayton, que regulan prácticas comerciales contrarias a la competencia.
Trece estados participan en la demanda
Además de Nueva York, participan las fiscalías generales de Arizona, Arkansas, California, Colorado, Maine, Michigan, Minnesota, Nebraska, Carolina del Norte, Ohio, Oregón y Texas.
La acción judicial también cuenta con la participación de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.
La demanda representa un nuevo esfuerzo de las autoridades federales y estatales para supervisar grandes adquisiciones empresariales que podrían afectar los precios de productos y servicios esenciales.
Para los propietarios de mascotas en Nueva York y el resto del país, el resultado del proceso judicial podría tener consecuencias sobre los costos futuros de la atención veterinaria.
Por el momento, las acusaciones forman parte de un litigio en curso y no constituyen una determinación judicial definitiva de que la adquisición sea ilegal.
Fuente: Fiscalía General del Estado de Nueva York y Comisión Federal de Comercio (FTC). Comunicados del 13 de noviembre de 2026.
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