REDACCION KLKNEWYORK.COM
La medida federal, prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre, ampliaría los beneficios públicos que pueden ser considerados al evaluar determinadas solicitudes de residencia permanente y visas.
NUEVA YORK. — La Ciudad de Nueva York presentó este lunes una demanda contra el gobierno federal para intentar detener la entrada en vigor de una nueva regla de “carga pública”, que ampliaría la capacidad de las autoridades migratorias para considerar el uso de determinados beneficios públicos al evaluar algunas solicitudes de residencia permanente —green card— y ciertas visas.
La demanda fue anunciada este 14 de septiembre de 2026 por la Alcaldía de Nueva York y presentada ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. La ciudad encabeza una coalición junto a Chicago, San Francisco, Santa Clara County, Seattle, King County y Public Rights Project.
De manera paralela, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, encabeza otra impugnación judicial contra la nueva política federal, según confirmó oficialmente la Alcaldía.
¿Qué cambiaría con la nueva regla?
Actualmente, de acuerdo con la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante de Nueva York (MOIA), en una determinación de carga pública el gobierno federal considera principalmente determinadas ayudas económicas en efectivo, como Supplemental Security Income (SSI) y Temporary Assistance for Needy Families (TANF), además de ciertos casos de institucionalización de largo plazo pagada por el gobierno.
Con la nueva normativa, las autoridades federales podrían considerar además el uso de beneficios públicos sujetos a criterios de ingresos, tanto federales como estatales o locales, cuando analicen determinadas solicitudes de green card o visas.
La Ciudad de Nueva York argumenta en su demanda que el cambio amplía considerablemente la discreción de los funcionarios federales y podría provocar que familias inmigrantes eviten utilizar programas de alimentación, salud u otros servicios para los cuales legalmente califican por temor a perjudicar sus procesos migratorios.
¿Qué dice el gobierno federal?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene, por su parte, que la normativa de 2022 era demasiado restrictiva y limitaba la capacidad del gobierno para determinar adecuadamente si una persona podría convertirse en una “carga pública”.
En la regla final publicada por DHS, la agencia señala que el cambio busca devolver a los funcionarios migratorios una mayor discreción para evaluar el conjunto de circunstancias de cada caso.
Por tanto, el uso de un beneficio público no significa automáticamente que una solicitud de residencia será negada. La determinación puede tomar en cuenta otros factores, entre ellos edad, salud, situación familiar, ingresos, situación financiera, educación y habilidades.
No afecta a todos los inmigrantes
MOIA advierte que la regla de carga pública no se aplica a todas las personas inmigrantes.
Entre quienes no estarían sujetos a esta evaluación se encuentran, según la guía oficial de la ciudad, personas que ya poseen una green card y simplemente la están renovando, quienes solicitan la ciudadanía estadounidense y determinadas personas protegidas bajo programas humanitarios, incluidos refugiados, asilados, solicitantes de visas T o U y algunos beneficiarios de VAWA.
En cambio, la regla puede ser relevante para ciertas personas que solicitan residencia permanente a través de familiares, determinados casos basados en empleo y algunas categorías de visas.
Podría entrar en vigor este viernes
La nueva política está prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre de 2026, aunque esa fecha podría cambiar si un tribunal ordena suspender o bloquear su implementación como resultado de las demandas presentadas.
La Ciudad de Nueva York está recomendando a los inmigrantes no abandonar beneficios públicos o servicios que necesitan sin consultar primero con un proveedor legal confiable.
Los residentes de Nueva York pueden comunicarse gratuitamente con la línea de asistencia legal migratoria de MOIA al 1-800-354-0365, o llamar al 311 y solicitar “Immigration Legal”. El servicio es confidencial y está disponible en distintos idiomas.
FUENTES OFICIALES: Alcaldía de la Ciudad de Nueva York; Mayor’s Office of Immigrant Affairs (MOIA); Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos/DHS y Federal Register.